Columna: Sentido de urgencia climática
Cristóbal de la Maza, investigador del Centro de Políticas Públicas y ex superintendente del Medio Ambiente, comenta la triple crisis que enfrenta el planeta y los lentos avances a nivel local para enfrentar este desafío.
La información científica indica que la crisis ambiental es más seria de lo que se creía. A nivel global cada año mueren 350.000 personas por olas de calor, se extinguen 10.000 especies y 10 millones de personas mueren por contaminación. Esto es lo que se conoce como triple crisis planetaria del cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Si bien se elevan grandiosas alocuciones sobre la necesidad de objetivos más ambiciosos, cuando se cae en la ineficacia se corre riesgo de que el discurso sea vacío. Si no se actúa con sentido de urgencia, perderemos toda credibilidad para impulsar a otros a ser parte de la solución.
La política ambiental es materia de estado. Se espera que cada gobierno de continuidad a la labor del anterior. Sin embargo, muchos esperaban que este gobierno ampliara la efectividad, alcance y velocidad de su acción. Todas las administraciones pueden tener dificultades en su instalación, pero se observan baches que inquietan. Persisten severos retrasos en la puesta en marcha de la legislación vigente y se encuentran sin implementar importantes regulaciones que dependen íntegramente del ejecutivo. Esto incluye el impuesto verde, la responsabilidad extendida al productor y el etiquetado ambiental. Instrumentos que permitirían, sin recurrir al Congreso, incentivar un comportamiento ambientalmente responsable.
Es especialmente preocupante la lenta puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático. Cumplido un año desde su publicación en el diario oficial, no se encuentran vigentes ninguno de sus reglamentos, en directa flagrancia con las obligaciones que establece la misma ley. Es cierto, que los reglamentos sobre procedimientos y gobernanza climática muestran progresos, pero el principal para establecer normas de emisión y su cumplimiento mediante la creación de un mercado de carbono, aún no inicia su tramitación. Si este instrumento no se encuentra pronto disponible, se ve difícil reducir en un 45% las emisiones al 2030 como prescribe la ciencia.
Se elogia la voluntad de reforzar la Superintendencia del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, aunque sus presupuestos no aumentaron más allá de lo que ameritaba la alta inflación. También se destaca que se han concretado procesos ya iniciados sobre normas de calidad ambiental, planes de descontaminación y normas de emisión. Se celebra los muy necesarios avances emanados de mociones parlamentarias, como la Ley de Delitos Ambientales o la Ley sobre Zonas Saturadas. Se aplaude la decisión de adherir al Acuerdo de Escazú y el cierre de la Fundición Ventanas. Sin embargo, estas mejoras son acotadas en comparación con el desafío.
Si buscamos reducir a cero nuestras emisiones netas al 2050, proteger el 30% de nuestros ecosistemas al 2030 o valorizar un 75% de nuestros residuos al 2040, se requiere acelerar radicalmente los esfuerzos, actuando de manera eficiente y oportuna. Peligrosamente se está agotando la vida útil de rellenos sanitarios, sin contar con una Ley General de Residuos. Nuestras ciudades presentan niveles riesgosos de material particulado fino, lo que contrasta con que en la última década sólo se recambiaron 75.000 calefactores a leña de los cerca de 2 millones existentes. La contaminación del agua persiste, mientras la norma sobre descargas a ríos y lagos lleva 20 años sin revisarse y existen sólo 6 normas secundarias para 101 cuencas hidrográficas. Todo esto alarma. Se le está heredando una pesada mochila a la próxima administración.
Cristóbal de la Maza
Investigador Centro de Políticas Públicas
Facultad de Economía y Gobierno
Universidad San Sebastián