De acuerdo con datos de la OCDE, Chile era hasta el 2019 el cuarto país con menos beneficios en efectivo como porcentaje de gasto público, muy por debajo del promedio. Para haber cerrado la brecha con el promedio de la OCDE, de 10 puntos porcentuales, nuestro país debería haber incrementado en ese momento las transferencias monetarias directas en 6,8% del PIB.
Con el objetivo de visibilizar las transferencias monetarias (TTMM) en Chile como un mecanismo eficaz y eficiente del gasto público, la Facultad de Economía y Gobierno a través de su Centro de Políticas Públicas presentó un informe en el que determinó que la propuesta del Ejecutivo para el próximo presupuesto considera una caída real de 2,3%, en comparación con el año pasado, en el gasto destinado a transferencias monetarias.
De acuerdo con el documento, estos aportes representan un 14% de los desembolsos totales del Estado, lo cual, a su vez, implica una reducción de 0,7 puntos porcentuales respecto del actual ejercicio (14,7%).
El reporte de los investigadores Felipe Bettancourt, Matías Otth y Margarita Vial, pertenecientes al Centro de Políticas Públicas de la USS, detalla que la reducción del gasto en transferencias equivale a US$ 303 millones. Con todo, los aportes estatales a los bolsillos de las personas ascenderán a cerca de US$ 13.000 millones el próximo año, lo que equivale a un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto último implica una reducción de tres décimas en la participación de las transferencias en el tamaño de la economía si se compara con el escenario 2024.
Ambas ratios se alejan del máximo alcanzado en 2023, cuando un 15,8 % del gasto -o un 4% respecto del PIB- se destinaba a subvencionar a las personas. ¿Dónde se concentran los aportes?
Felipe Bettancourt, uno de los investigadores del estudio perteneciente al Centro de Políticas Públicas de la USS, asegura que “las transferencias monetarias han demostrado ser un mecanismo eficiente, eficaz y flexible, además de contar con una rápida implementación. Todo esto nos indica queeste mecanismo puede ser cada día más relevante de cara al futuro de la política social de nuestro país”. Señala que si bien las transferencias directas constituyen solo una parte de la política social, es “imperativo” que comiencen a recibir una mayor atención y escrutinio.
Según la investigación, hay una transferencia que resalta por sobre las demás. La Pensión Garantizada Universal (PGU) constituye la principal transferencia monetaria directa en Chile, concentrando casi el 50% de los aportes totales.
Así, en comparación al Presupuesto de este año, los desembolsos para el pago de la PGU se incrementan un 3,1%. Mientras que, en contraste, destaca la baja de los fondos para el pago del Subsidio Único Familiar (15,7 %, US$ 140 millones menos que este año) y el fin de programas como el Bolsillo Familiar Electrónico y el Ingreso Mínimo Garantizado, ambos implicando la liberación de fondos por US$ 290 millones.
“La transferencia monetaria directa más importante en Chile hoy es por lejos la PGU, con un gasto anual de 2,2 pp del PIB y que llega a más de 2 millones de adultos mayores cada mes. Este es un ejemplo de un mecanismo eficiente, justo y que ha permitido en forma inmediata subir las pensiones en un 53%”, aseguró con respecto a este beneficio el decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, Alejandro Weber.
Junto con presentar el informe, el seminario contó con la realización de un panel de discusión compuesto por Elisa Cabezón, directora de Evidencia de Pivotes; Soledad Hormazábal, investigadora de Horizontal; Claudio Sapelli, investigador de Faro UDD y Slaven Razmilic, exjefe del Departamento de Evaluación y Transparencia Fiscal Dipres.
Revisa el Informe de Transferencias Monetarias en este enlace.